La red de protección social, tejida por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que surge como un deber de Estado de garantizar un piso mínimo de protección apoyando la realización del proyecto de vida que cada persona construye, y cuya manifestación se explicita en garantías orientadas a reducir riesgos que puedan enfrentar personas naturales, desde el nacimiento hasta su vejez, así como la familia y la comunidad; se impone gradualmente como un “Estado Social de Derechos” y como un modelo de gestión a nivel latinoamericano, en oposición al modelo capitalista sin regularización estatal, causante de la crisis económica que afecta al orbe.
Progresivamente, también, los frutos de la implementación de esta política llegan al ciudadano común y corriente, que es testigo a través de la puesta en marcha de la Reforma Previsional, del Seguro de Cesantía, la Bonificación a la contratación de mano de obra, el Incentivo a la Cotización de los Jóvenes, del Programa de Protección al Patrimonio Familiar o el Programa de Recuperación de Barrios, de una mejora en sus condiciones sociales, laborales y habitacionales.
Sin embargo, una de las principales fortalezas del Programa no ha sido suficientemente abordada aún por los Mass Media, pero su impacto recorre los hogares y barrios de Chile; con el destino claro de enfrentar los riesgos de mal nutrición, retraso del desarrollo infantil, servicios de cuidado de los infantes de 0 a 5 años de edad; o de desterrar prácticas como el trabajo infantil, la deserción escolar en niños y jóvenes desde los 6 hasta los 14 años.
Es ese nicho el que hoy goza los dividendos de un completo “programa de alimentación escolar”, de “ayudas técnicas para niños y niñas con discapacidad o necesidades especiales”, de “becas de integración” que entregan apoyo económico a los y las estudiantes que residen en zonas extremas del país y que deben continuar estudios fuera de su lugar de residencia; de las prestaciones universales y focalizadas destinadas a fortalecer el desarrollo de las potencialidades de los infantes integradas en el Programa “Chile Crece Contigo”.
Por eso, son las familias, las que hoy premian la gestión de la mandataria con niveles de aprobación históricos, porque evidencian en lo cotidiano cómo se aflige la carga económica tras el bono distribuido en marzo, y que permitió que muchas familias –quizá por primera vez- pudieran enviar a sus hijos a clases, bien abrigados, con sus uniformes nuevos y con la lista completa de los útiles escolares; porque son muchas las mujeres que hoy pueden ingresar al campo laboral con la tranquilidad de que sus hijos son acogidos en una de los 800 nuevos jardines y salas cunas que se levantan en el país; porque son muchos los Padres que ven crecer a sus hijos, cuando asisten al Programa de Salud Escolar que vela por su atención odontológica, oftalmológica y psicosocial; en lo que antes era un servicio privativo para su clase social.
Asignemos el valor que corresponde a este momento histórico, donde los derechos de los niños; esos que hablan de “lograr acceder a mejores prestaciones de salud y condiciones de vida desde su nacimiento”, de “terminar con el maltrato y trabajo infantil”, de “luchar para que salgan de la pobreza”, por vez primera son respondidos con la altura de un país que camina al desarrollo le demanda.
Progresivamente, también, los frutos de la implementación de esta política llegan al ciudadano común y corriente, que es testigo a través de la puesta en marcha de la Reforma Previsional, del Seguro de Cesantía, la Bonificación a la contratación de mano de obra, el Incentivo a la Cotización de los Jóvenes, del Programa de Protección al Patrimonio Familiar o el Programa de Recuperación de Barrios, de una mejora en sus condiciones sociales, laborales y habitacionales.
Sin embargo, una de las principales fortalezas del Programa no ha sido suficientemente abordada aún por los Mass Media, pero su impacto recorre los hogares y barrios de Chile; con el destino claro de enfrentar los riesgos de mal nutrición, retraso del desarrollo infantil, servicios de cuidado de los infantes de 0 a 5 años de edad; o de desterrar prácticas como el trabajo infantil, la deserción escolar en niños y jóvenes desde los 6 hasta los 14 años.
Es ese nicho el que hoy goza los dividendos de un completo “programa de alimentación escolar”, de “ayudas técnicas para niños y niñas con discapacidad o necesidades especiales”, de “becas de integración” que entregan apoyo económico a los y las estudiantes que residen en zonas extremas del país y que deben continuar estudios fuera de su lugar de residencia; de las prestaciones universales y focalizadas destinadas a fortalecer el desarrollo de las potencialidades de los infantes integradas en el Programa “Chile Crece Contigo”.
Por eso, son las familias, las que hoy premian la gestión de la mandataria con niveles de aprobación históricos, porque evidencian en lo cotidiano cómo se aflige la carga económica tras el bono distribuido en marzo, y que permitió que muchas familias –quizá por primera vez- pudieran enviar a sus hijos a clases, bien abrigados, con sus uniformes nuevos y con la lista completa de los útiles escolares; porque son muchas las mujeres que hoy pueden ingresar al campo laboral con la tranquilidad de que sus hijos son acogidos en una de los 800 nuevos jardines y salas cunas que se levantan en el país; porque son muchos los Padres que ven crecer a sus hijos, cuando asisten al Programa de Salud Escolar que vela por su atención odontológica, oftalmológica y psicosocial; en lo que antes era un servicio privativo para su clase social.
Asignemos el valor que corresponde a este momento histórico, donde los derechos de los niños; esos que hablan de “lograr acceder a mejores prestaciones de salud y condiciones de vida desde su nacimiento”, de “terminar con el maltrato y trabajo infantil”, de “luchar para que salgan de la pobreza”, por vez primera son respondidos con la altura de un país que camina al desarrollo le demanda.
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